PNDEH

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¿Qué es el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos?

El PNEDH está concebido como una estrategia nacional que orienta las políticas públicas en materia de educación en derechos humanos. Es un mecanismo cíclico de diagnóstico, construcción, monitoreo, rendición de cuentas y evaluación de las orientaciones estratégicas y de las acciones concretas que se definen en ese marco. El carácter participativo de su proceso de construcción y el acceso público a la información, son rasgos esenciales del Plan. El proceso de construcción que aquí se propone pretende partir de la acumulación existente en cuanto a planes estratégicos y experiencias concretas afines a su contenido y procedimientos, proponiéndose su desarrollo entre junio de 2013 y agosto de 2014. Se prevé dar al PNEDH un formato jurídico que le de una institucionalidad clara y adecuada y que tenga en cuenta el respeto de las autonomías.

¿Qué significa que el PNED tenga enfoque de derechos humanos?

Se lo concibe como una política pública con enfoque de derechos humanos. Por lo tanto el derecho a la educación en derechos humanos es el punto de partida sobre el que se estructura el plan. Una política pública con enfoque de derechos humanos debe definirse por ciclos en los que se encadenan el diagnóstico, la definición de planes de acción, la asignación presupuestaria, el monitoreo, la rendición de cuentas y la evaluación que alimenta un nuevo diagnóstico. Debe existir una correlación racional entre estos diferentes momentos del proceso.
Para la elaboración del diagnóstico se deberá analizar la situación del derecho a la educación en derechos humanos. Identificar los problemas relativos al acceso a este derecho, los grupos en los que existe un déficit en el acceso al derecho y las causas inmediatas, subyacentes y estructurales de la no realización del derecho así como la capacidad de los titulares del derecho para ejercerlo y del titular de las obligaciones para cumplir con ellas.

Una vez definido el diagnóstico, debe definirse el plan de acción correspondiente. Con directrices, metas, plazos, acciones, sistema de monitoreo y asignación presupuestaria. Todos estos niveles deben estar correlacionados racionalmente. Debe asimismo realizarse una evaluación que retroalimente el diagnóstico. La evaluación debe analizar tanto los procesos como los resultados.

La estrategia debe tener un carácter interinstitucional de abordaje de los problemas coordinado tanto entre las instituciones especializadas por temas como entre las instituciones centrales con las locales. El abordaje de los problemas debe incorporar una perspectiva de desarrollo de capacidades tanto de los titulares del derecho como del titular de las obligaciones correlativas. Debe darse la debida relevancia al nivel local del territorio en la participación y en la adecuación de las propuestas de políticas generales a las particularidades de cada lugar.
En todos los momentos del proceso de elaboración de las políticas (diagnósticos, definición de planes de acción, monitoreo y evaluación) deben habilitarse procesos participativos. Las opiniones planteadas en las instancias consultivas deben ser tomadas en cuenta. La decisión en última instancia continúa siendo una prerrogativa del Estado pero el Estado debe informar sobre lo planteado en las instancias de participación y de qué modo fue considerado.

Debe garantizarse el más amplio acceso a la información en todos los momentos del proceso, favoreciendo la libre circulación, apropiación y posibilidad de crítica respecto a la misma. Debe en particular darse difusión de la agenda del proceso con la debida antelación. También se debe comunicar con la mayor claridad posible la estructura del gasto público y adoptar medidas para facilitar el involucramiento de la ciudadanía en el debate sobre las decisiones implicadas y en el seguimiento de su ejecución.